Desde el 10 de julio, cuando se lanzó el programa, en todo el país ya se entregaron unas 50.000 armas para que sean destruidas. En más de dos meses y medio, el Plan Nacional de Desarme avanza a un promedio de 900 armas por día. Por cada una de ellas el Estado pagó desde 100 hasta 450 pesos, de acuerdo a su calibre.El Plan comenzó con un promedio de 600 armas diarias entregadas y al mes ascendió a 770. Desde hace tres semanas que el promedio volvió a subir unas 130 más. Si la cifra se sostiene, en los tres meses que restan del programa se superarían holgadamente las 100.000 armas.Los lugares que más cantidad de armas recibieron fueron la sede central del Registro Nacional de Armas (ReNAr), con 17.589; Córdoba, con 4.143; Rosario, con 3.551 y Santa Fe, con 2.679. En el Tiro Federal Argentino, 2.575 y en Mar del Plata, 2.243. También se sacaron de circulación unas 264 mil municiones. Casi el 50% de las armas que se entregaron habían estado registradas hasta hacía poco y otras tenían su documentación en regla.Según informaron a Clarín fuentes del ReNAr, el 15 y el 20 de octubre serán destruidas en una planta de fundición todas las armas que hayan sido recogidas hasta ese momento.La implementación del programa, establecida en la ley 26.216, indica que a las personas que entreguen armas y que no estén en regla igualmente recibirán su pago y no tendrán que dar sus datos a las autoridades encargadas de la recepción.Los canjes y las destrucciones parciales se realizan los días de semana en las 12 sedes que tiene el ReNAr en todo el país y en las asociaciones de tiro de Núñez, Lomas y Quilmes. Para más información: 0800-333-72763 o http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.desarmevoluntario.gov.ar/. Ninguna persona puede entregar más de 10 armas por turno y el dinero que recibe se define según el calibre. El pago no se hace con dinero en efectivo: se entrega un cheque al portador que se cobra en una sucursal del Banco Nación. De la iniciativa participa además del Gobierno las ONG agrupadas en la Red Argentina para el Desarme y asociaciones vinculadas a la práctica de tiro.En la Argentina hay alrededor de 1.200.000 registradas y en el circuito ilegal la cifra es aún mayor: se calculan que casi dos millones alimentan el mercado negro. Desde 1997 más de 32.000 muertes fueron a causa del disparo de alguna de ellas. Un relevamiento estableció que en 2004 tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano había una cada ocho viviendas.
Propuestas para la construcción de una paz cotidiana, cercana a las personas que viven en los barrios y que permita desarrollar sin temor la vida diaria.
jueves, 4 de octubre de 2007
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Digitalizan archivos de la Casa Cuna para encontrar hijos de desaparecidos
Por Diario Los Andes
Cuando se conoció de la internación en la ex Casa Cuna de la hija del escritor Francisco “Paco” Urondo, asesinado en un operativo en Mendoza durante la última dictadura militar, varios particulares e instituciones de la provincia pusieron el ojo en esa institución sospechando que podría haberse tratado de una maternidad clandestina en los años de plomo. Así nació “Entre el espanto y la ternura. Digitalización de los archivos de la Casa Cuna de Mendoza. Búsqueda de niños apropiados. Búsqueda de identidad”, un proyecto que lleva cuatro meses de labor en el que están vinculados el Gobierno provincial (a través de la Dinaadyf) y la Casa de la Memoria, una ONG local dedicada a recopilar información sobre las acciones del Proceso Militar en Mendoza.El objetivo de este proyecto es resguardar los datos existentes sobre la Casa Cuna entre 1976 y 1982 (a través de su digitalización), hallar evidencias de irregularidades sobre algunos niños que pasaron por allí en esos años y, llegado el caso, encontrar a chicos que pudieron ser apropiados por familias mendocinas luego de la desaparición de sus padres.Según explicó Susana Muñoz, directora de la Casa de la Memoria, explicó que durante la dictadura la Casa Cuna estuvo a cargo de Mario Abel Godoy y Raúl Alfredo Ahumada, conocidos militares comprometidos con la represión en la provincia. Por eso se decidieron a recolectar los archivos de esta institución y digitalizarlos para resguardarlos. “Fue el primer paso en una ardua investigación que incluiría también a las oficinas del Registro Civil de la provincia, donde se elaboraron partidas de nacimiento falsas; los registros de la maternidad Federico Moreno y el Hospital Militar, ya que estimamos pueden haberse realizado partos clandestinos, y finalmente los Juzgados de Menores”.Para Muñoz, conociendo los antecedentes de quiénes fueron las autoridades de la Casa Cuna, “no podemos descartar la posibilidad del robo de bebés o de la apropiación de niños de familias cadenciadas”. En estos archivos, la Casa de la Memoria quiere encontrar datos sobre tres niños apropiados a familias mendocinas, además de averiguar si existieron casos de niños que pudieron ser traídos de otras áreas donde operó el Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Mendoza -ya que existen denuncias sobre ello- y la posibilidad de que haya existido apropiación de otros bebés de familias humildes o madres solteras.Para Gabriel Conte, de la Dinaadyf, “el primer resultado obtenido es la puesta a disposición de archivos digitalizados, de fácil acceso. Pero sin dudas que la cuestión de fondo es lo que más interesa y para eso se prevé que la Casa de la Memoria continúe cruzando datos con otras instituciones para poder echar luz sobre áreas que tantos años después han permanecido sin revisar sus prácticas”.Por su parte, Muñoz muestra su optimismo sobre esta labor que recién se inicia. “No nos cabe la menor duda que nuestra búsqueda será exitosa, porque aún sin haber profundizado en la materia, ya que nos llevó más de tres meses la digitalización, existen evidencias de ingresos irregulares de manos de la policía provincial, en el hospital Emilio civil, por supuesto abandono de sus madres. También de tenencias muy `apresuradas` (algunas en cuatro días), sin existir investigación de la filiación previa del menor involucrado”.La información reunida, ya preservada en soporte técnico para evitar su deterioro o destrucción, permite por el momento que decenas de jóvenes que hoy consultan sobre su identidad, tengan a mano un acervo dónde poder empezar su búsqueda. “Un joven que recupere la identidad y regrese al seno familiar habrá sido el mayor logro, y nuestra consigna `se puede’, se verá ratificada una vez más”, cierra Muñoz.
Cuando se conoció de la internación en la ex Casa Cuna de la hija del escritor Francisco “Paco” Urondo, asesinado en un operativo en Mendoza durante la última dictadura militar, varios particulares e instituciones de la provincia pusieron el ojo en esa institución sospechando que podría haberse tratado de una maternidad clandestina en los años de plomo. Así nació “Entre el espanto y la ternura. Digitalización de los archivos de la Casa Cuna de Mendoza. Búsqueda de niños apropiados. Búsqueda de identidad”, un proyecto que lleva cuatro meses de labor en el que están vinculados el Gobierno provincial (a través de la Dinaadyf) y la Casa de la Memoria, una ONG local dedicada a recopilar información sobre las acciones del Proceso Militar en Mendoza.El objetivo de este proyecto es resguardar los datos existentes sobre la Casa Cuna entre 1976 y 1982 (a través de su digitalización), hallar evidencias de irregularidades sobre algunos niños que pasaron por allí en esos años y, llegado el caso, encontrar a chicos que pudieron ser apropiados por familias mendocinas luego de la desaparición de sus padres.Según explicó Susana Muñoz, directora de la Casa de la Memoria, explicó que durante la dictadura la Casa Cuna estuvo a cargo de Mario Abel Godoy y Raúl Alfredo Ahumada, conocidos militares comprometidos con la represión en la provincia. Por eso se decidieron a recolectar los archivos de esta institución y digitalizarlos para resguardarlos. “Fue el primer paso en una ardua investigación que incluiría también a las oficinas del Registro Civil de la provincia, donde se elaboraron partidas de nacimiento falsas; los registros de la maternidad Federico Moreno y el Hospital Militar, ya que estimamos pueden haberse realizado partos clandestinos, y finalmente los Juzgados de Menores”.Para Muñoz, conociendo los antecedentes de quiénes fueron las autoridades de la Casa Cuna, “no podemos descartar la posibilidad del robo de bebés o de la apropiación de niños de familias cadenciadas”. En estos archivos, la Casa de la Memoria quiere encontrar datos sobre tres niños apropiados a familias mendocinas, además de averiguar si existieron casos de niños que pudieron ser traídos de otras áreas donde operó el Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Mendoza -ya que existen denuncias sobre ello- y la posibilidad de que haya existido apropiación de otros bebés de familias humildes o madres solteras.Para Gabriel Conte, de la Dinaadyf, “el primer resultado obtenido es la puesta a disposición de archivos digitalizados, de fácil acceso. Pero sin dudas que la cuestión de fondo es lo que más interesa y para eso se prevé que la Casa de la Memoria continúe cruzando datos con otras instituciones para poder echar luz sobre áreas que tantos años después han permanecido sin revisar sus prácticas”.Por su parte, Muñoz muestra su optimismo sobre esta labor que recién se inicia. “No nos cabe la menor duda que nuestra búsqueda será exitosa, porque aún sin haber profundizado en la materia, ya que nos llevó más de tres meses la digitalización, existen evidencias de ingresos irregulares de manos de la policía provincial, en el hospital Emilio civil, por supuesto abandono de sus madres. También de tenencias muy `apresuradas` (algunas en cuatro días), sin existir investigación de la filiación previa del menor involucrado”.La información reunida, ya preservada en soporte técnico para evitar su deterioro o destrucción, permite por el momento que decenas de jóvenes que hoy consultan sobre su identidad, tengan a mano un acervo dónde poder empezar su búsqueda. “Un joven que recupere la identidad y regrese al seno familiar habrá sido el mayor logro, y nuestra consigna `se puede’, se verá ratificada una vez más”, cierra Muñoz.
De quiénes los niños aprenden la violencia
Por Gabriel Conte
Con notable facilidad, los adultos nos sorprendemos hasta la histeria de la violencia puesta de manifiesto por los más jóvenes. La subrayamos. Buscamos un caso acá y otro más allá de manera de poder presentar un panorama desastroso de la juventud. Indagamos en las edades de manera de resaltar que "cada vez son más jóvenes". Y tal vez resulte cierto. Pero no hacemos el mismo ejercicio con nosotros mismos.
La violencia de los niños y jóvenes es, ni más ni menos, que el aprendizaje que éstos han obtenido de los adultos. Convengamos entonces en entender como "adultos" no solamente a los padres, ya sea que estén presentes o ausentes en su crianza, a los tutores, parientes. Pero también a los medios y su programación, construida por adultos, a los gobernantes y Estados con sus políticas y acciones, ya que se nutren de personas mayores de edad.
Es obvio que en esta nueva oleada de violencia juvenil la única voz que estamos escuchando es, una vez más, de los adultos. ¿Qué pasaría si los medios de comunicación permitieran a los jóvenes expresarse abiertamente y nos contaran cómo y de quiénes aprendieron a ejercer la violencia? Eso, seguramente, también estaría mal visto por una opinión pública que no es otra cosa que la dictadura de los adultos.
No se trata aquí de defender y justificar ni mucho menos promover la violencia juvenil. De lo que debe ocuparse este nuevo debate es de determinar responsabilidades en torno a qué le estamos ofreciendo a nuestros hijos y a los amigos de nuestros hijos como vida cotidiana, como realidad aceptada.
Tras los sucesos de Carmen de Patagones (que no fue estrictamente un caso de violencia escolar, sino de una serie de inoperancias concatenadas, con un chico con problemas mentales y un padre con un arma al alcance de la mano de su hijo) pudimos intercambiar puntos de vista en la materia con importantes figuras del país y del mundo.
Tal vez lo más interesante lo hayamos palpado en Mendoza, en donde se constituyó un Consejo Consultivo para la Convivencia Escolar con notable participación de una multiplicidad de expertos y voluntades. Uno de sus miembros, Alejandro Castro Santander sostiene en su libro "Desaprender la violencia" (Bonum, 2004), sostiene que "como los estudios indican, la escuela acusa el impacto social y cada vez son más frecuentes los acontecimientos que alteran la convivencia pacífica en las aulas y patios. Los ´aprendizajes violentos previos´, adquiridos en la familia, el barrio, los medios de comunicación, se traducen en indisciplina y violencias que dejan poco lugar al aprendizaje de las competencias básicas y hacen que la convivencia continúe deteriorándose rápidamente.
Uno de ellos, Jorge Werthein, por entonces director de UNESCO en Brasil, adjudicó a la "ausencia de comunicación" el avance del maltrato en el ámbito educativo. Dijo que "hemos podido identificar que hay problemas serios de convivencia dentro de las escuelas, que resultan en varias formas de agresión, tanto verbal, como moral y física. Lo interesante es que no está restringida a la relación entre pares, o sea, entre estudiantes, sino que tiene lugar también entre maestros y alumnos. Es de doble vía: docentes y estudiantes son a la vez agresores y agredidos. Nuestras investigaciones sugieren que ello es un síntoma de la falta de comunicación entre los actores sociales presentes en la escuela – como no se comunican, no hay entendimiento. Luego, surge el conflicto, que desborda en agresiones".
En este diálogo multisectorial que dio origen a un Manual de Orientación para la Convivencia Escolar, editado y distribuido por la DGE entre 2006 y 2007, Werthein advirtió algo que hoy, tres años después de nuestra charla, puede verificarse: "muchas personas – dijo- y entre ellos, los propios profesionales de la educación, tienden a ´externalizar´ el problema de la violencia en las escuelas o a ´naturalizarlos´; eso es grave. Entender la escuela como espacio de reproducción de comportamientos que tienen su origen fuera del ámbito escolar -agregó luego- es importante sólo si, al mismo tiempo, se considera el papel social de la educación, del educador y de la escuela en la corrección de dichos comportamientos. No se pueden permitir determinismos", finalizó.
Es decir que no se trata solo y simplemente como mucha gente quisiera (¡y quien no!) "meteter palo ya la bolsa", y así ver superados los problemas que van apareciendo en la convivencia entre adultos y jóvenes en todos los ámbitos de la vida. De lo que se trata es de debatir y accionar en torno a las diversas responsabilidades que deben ser asumidas fundamentalmente por quienes tenemos "la manija" del mundo, que somos los adultos.
La primera respuesta que surge frente a un grave hecho en amnos de un joven es el castigo, y mientras más "ejemplificador", mejor. Pero esa esa la historia de la vida: siempre fue así y no resultó. Por eso hay que probar de otra manera. Según quienes han podido compartir diálogos con jóvenes, situaciones terribles, trabajo con docentes, instancias de mediación, investigaciones de campo y muchas otras instancias mucho más profundas y valederas a la hora de poner en una balanza opiniones en torno a la violencia juvenil, la mejor manera de prevenir la violencia es no enseñándola. Y una vez que está aprendida, tener las capacidades para enseñar a "desaprenderla". En definitiva, es un desafío educativo para toda la sociedad, para todos los adultos y no solamente una tarea de la escuela.
Con notable facilidad, los adultos nos sorprendemos hasta la histeria de la violencia puesta de manifiesto por los más jóvenes. La subrayamos. Buscamos un caso acá y otro más allá de manera de poder presentar un panorama desastroso de la juventud. Indagamos en las edades de manera de resaltar que "cada vez son más jóvenes". Y tal vez resulte cierto. Pero no hacemos el mismo ejercicio con nosotros mismos.
La violencia de los niños y jóvenes es, ni más ni menos, que el aprendizaje que éstos han obtenido de los adultos. Convengamos entonces en entender como "adultos" no solamente a los padres, ya sea que estén presentes o ausentes en su crianza, a los tutores, parientes. Pero también a los medios y su programación, construida por adultos, a los gobernantes y Estados con sus políticas y acciones, ya que se nutren de personas mayores de edad.
Es obvio que en esta nueva oleada de violencia juvenil la única voz que estamos escuchando es, una vez más, de los adultos. ¿Qué pasaría si los medios de comunicación permitieran a los jóvenes expresarse abiertamente y nos contaran cómo y de quiénes aprendieron a ejercer la violencia? Eso, seguramente, también estaría mal visto por una opinión pública que no es otra cosa que la dictadura de los adultos.
No se trata aquí de defender y justificar ni mucho menos promover la violencia juvenil. De lo que debe ocuparse este nuevo debate es de determinar responsabilidades en torno a qué le estamos ofreciendo a nuestros hijos y a los amigos de nuestros hijos como vida cotidiana, como realidad aceptada.
Tras los sucesos de Carmen de Patagones (que no fue estrictamente un caso de violencia escolar, sino de una serie de inoperancias concatenadas, con un chico con problemas mentales y un padre con un arma al alcance de la mano de su hijo) pudimos intercambiar puntos de vista en la materia con importantes figuras del país y del mundo.
Tal vez lo más interesante lo hayamos palpado en Mendoza, en donde se constituyó un Consejo Consultivo para la Convivencia Escolar con notable participación de una multiplicidad de expertos y voluntades. Uno de sus miembros, Alejandro Castro Santander sostiene en su libro "Desaprender la violencia" (Bonum, 2004), sostiene que "como los estudios indican, la escuela acusa el impacto social y cada vez son más frecuentes los acontecimientos que alteran la convivencia pacífica en las aulas y patios. Los ´aprendizajes violentos previos´, adquiridos en la familia, el barrio, los medios de comunicación, se traducen en indisciplina y violencias que dejan poco lugar al aprendizaje de las competencias básicas y hacen que la convivencia continúe deteriorándose rápidamente.
Uno de ellos, Jorge Werthein, por entonces director de UNESCO en Brasil, adjudicó a la "ausencia de comunicación" el avance del maltrato en el ámbito educativo. Dijo que "hemos podido identificar que hay problemas serios de convivencia dentro de las escuelas, que resultan en varias formas de agresión, tanto verbal, como moral y física. Lo interesante es que no está restringida a la relación entre pares, o sea, entre estudiantes, sino que tiene lugar también entre maestros y alumnos. Es de doble vía: docentes y estudiantes son a la vez agresores y agredidos. Nuestras investigaciones sugieren que ello es un síntoma de la falta de comunicación entre los actores sociales presentes en la escuela – como no se comunican, no hay entendimiento. Luego, surge el conflicto, que desborda en agresiones".
En este diálogo multisectorial que dio origen a un Manual de Orientación para la Convivencia Escolar, editado y distribuido por la DGE entre 2006 y 2007, Werthein advirtió algo que hoy, tres años después de nuestra charla, puede verificarse: "muchas personas – dijo- y entre ellos, los propios profesionales de la educación, tienden a ´externalizar´ el problema de la violencia en las escuelas o a ´naturalizarlos´; eso es grave. Entender la escuela como espacio de reproducción de comportamientos que tienen su origen fuera del ámbito escolar -agregó luego- es importante sólo si, al mismo tiempo, se considera el papel social de la educación, del educador y de la escuela en la corrección de dichos comportamientos. No se pueden permitir determinismos", finalizó.
Es decir que no se trata solo y simplemente como mucha gente quisiera (¡y quien no!) "meteter palo ya la bolsa", y así ver superados los problemas que van apareciendo en la convivencia entre adultos y jóvenes en todos los ámbitos de la vida. De lo que se trata es de debatir y accionar en torno a las diversas responsabilidades que deben ser asumidas fundamentalmente por quienes tenemos "la manija" del mundo, que somos los adultos.
La primera respuesta que surge frente a un grave hecho en amnos de un joven es el castigo, y mientras más "ejemplificador", mejor. Pero esa esa la historia de la vida: siempre fue así y no resultó. Por eso hay que probar de otra manera. Según quienes han podido compartir diálogos con jóvenes, situaciones terribles, trabajo con docentes, instancias de mediación, investigaciones de campo y muchas otras instancias mucho más profundas y valederas a la hora de poner en una balanza opiniones en torno a la violencia juvenil, la mejor manera de prevenir la violencia es no enseñándola. Y una vez que está aprendida, tener las capacidades para enseñar a "desaprenderla". En definitiva, es un desafío educativo para toda la sociedad, para todos los adultos y no solamente una tarea de la escuela.
La Presidenta se reunió con los padres de Alfredo Marcenac
Clarín
La presidenta Cristina Fernández se reunió esta tarde en Necochea con los padres de Alfredo Marcenac, el joven de 19 años que fue asesinado hace casi dos años en Belgrano. Según fuentes oficiales, el encuentro se produjo momentos antes del acto que la presidenta encabezó en Necochea -ciudad de origen de la familia Marcenac- con motivo de la inauguración de obras en el puerto de Quequén. Mónica Bouyssede y Adrián Marcenac, los padres del joven asesinado, fueron activos militantes contra la proliferación de armas entre civiles. En agosto de 2006, el padre de Alfredo Marcenac participó del acto de lanzamiento de un plan de desarme, destinado a que los civiles entreguen su armamento al Estado a cambio de dinero. Marcenac fue asesinado en junio de 2006, cuando caminaba junto a dos amigos por la avenida Cabildo, en Belgrano. Por el caso se encuentra detenido Martín Ríos, quien portaba un arma registrada.
La presidenta Cristina Fernández se reunió esta tarde en Necochea con los padres de Alfredo Marcenac, el joven de 19 años que fue asesinado hace casi dos años en Belgrano. Según fuentes oficiales, el encuentro se produjo momentos antes del acto que la presidenta encabezó en Necochea -ciudad de origen de la familia Marcenac- con motivo de la inauguración de obras en el puerto de Quequén. Mónica Bouyssede y Adrián Marcenac, los padres del joven asesinado, fueron activos militantes contra la proliferación de armas entre civiles. En agosto de 2006, el padre de Alfredo Marcenac participó del acto de lanzamiento de un plan de desarme, destinado a que los civiles entreguen su armamento al Estado a cambio de dinero. Marcenac fue asesinado en junio de 2006, cuando caminaba junto a dos amigos por la avenida Cabildo, en Belgrano. Por el caso se encuentra detenido Martín Ríos, quien portaba un arma registrada.